El Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros se ha mostrado contundente en contra de la propuesta que plantea el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para reformar el Régimen General de Trabajadores Autónomos (RETA).
Para el Consejo General, la propuesta “es un nuevo ataque a las micropymes que cada vez están más arrinconadas por la Administración”. Y así se lo ha hecho saber Javier Barberá, presidente de la organización colegial, al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en una carta donde ha traslado su oposición a la propuesta al tratarse “de una acción más contra la pequeña empresa, tipología de la mayoría de los negocios de mediación”.
En la misiva, el presidente del Consejo General se queja de que “se está convirtiendo a la pyme en objeto de castigo permanente” y enumera todos los agravios sufridos: “Lo atestigua que, en los últimos dos años, se le han reducido los beneficios fiscales por las aportaciones a Planes de Pensiones, se han prohibido hasta lo incomprensible gastos reales deducibles y, tras dos subidas impuestas del Salario Mínimo Interprofesional, ya se anuncia una nueva para este ejercicio a pesar de la delicada situación económica”.
También argumenta al ministro que esta propuesta del Gobierno revela, en opinión de la corporación de derecho público, “un desconocimiento preocupante de la actividad de los autónomos a quienes se trata como defraudadores natos”. Y prosigue: “Asimilar la cotización en Seguridad Social de un mediador de seguros autónomo a los rendimientos de las actividades económicas, es decir a la facturación menos los gastos deducibles, muestra una ignorancia de las deducciones reales a las que pueden acceder, ya que muchos de ellos, no pueden repercutir gastos que tienen en el desempeño de su actividad porque la Agencia Tributaria así lo ha considerado unilateralmente”.
El presidente del Consejo General considera que la propuesta “aumentaría las cuotas a aproximadamente más de la mitad de los miles de corredores de seguros autónomos, llegando incluso a cuadriplicarla en algunos casos, mientras que a los que más se bajaría, se les reduciría la cuota anual tan solo un 20 y dentro de 9 años”. Por tanto, en su escrito, Javier Barberá afirma que es “completamente insuficiente la reducción que se plantea y más a tan largo plazo”. Y añade: “La iniciativa pretende asimilar a los autónomos con asalariados sin tener en cuenta los gastos a los que tiene que hacer frente, los riesgos que asumen y las contraprestaciones que reciben, que siguen siendo muy inferiores a las de los empleados por cuenta ajena”.
Para abordar esta problemática, el Consejo General anuncia que en los próximos días mantendrá reuniones con las diferentes asociaciones de trabajadores autónomos.
Fuente: Aseguranza